El pasado 23 de marzo de 2021 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hizo pública una sentencia trascendental, confirmando que los pasajeros afectados por una huelga organizada por un sindicato de trabajadores de una compañía aérea que tiene como objetivo reivindicar aumentos salariales no entra en el concepto de «circunstancia extraordinaria» que libere a la aerolínea de su obligación de pagar una indemnización por cancelación o por retrasos.
El Parlamento europeo aprobó a mediados de abril la nueva directiva que regula el uso del registro de datos de pasajeros (PNR, o Passenger Name Record por sus siglas en inglés) aéreos para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos terroristas y otros delitos graves.
La norma obligará a las aerolíneas a entregar a las autoridades nacionales los datos de los pasajeros de todos los vuelos llegados a la Unión Europea desde terceros países y viceversa.
Pero este registro europeo de datos de pasajeros de transporte aéreo plantea serias dudas sobre el respeto a la privacidad de los ciudadanos a la hora de tomar un avión.
El PNR es la información que dan los pasajeros y recogen las aerolíneas durante el proceso de reserva. Son 19 datos que las aerolíneas estarán obligadas a transmitir.
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